Hablemos de economía Opinión

Transformar la seguridad social

Antonio Morlanes Remiro

PRESIDENTE DE ARAGONEX

aragonex@aragonex.com · www.aragonex.com

De nuevo se ha abierto un tiempo de debate sobre qué va a suceder en el próximo futuro con las pensiones y encontramos soluciones de todo tipo, pero lo que sucede, a mi entender, es que se buscan, más que la solución a este reto, caminos de interés con el único objetivo de llevarlas a fines determinados.

Estamos en un país libre y por ello quienes quieran y puedan hacerse un plan de jubilación privado, adelante, además el Estado ya ejercerá de regulador que garantice la protección de dichas inversiones. Pero en este artículo quiero tratar el tema de las pensiones públicas que es donde se ha originado el debate.

No me propongo hacer un lío de cifras que, en vez de llevarnos a un objetivo, nos conduzca a un disparate, también debo decirles que la información que les ofrezco deben tomarla como números que pueden no ser exactos, pero que sí nos proporcionarán una identidad de lo que deseo plantearles. 

Empezaré dando algunos datos que nos configuren el escenario sobre el contenido que vamos a analizar y nos descubrirá el momento actual de la Seguridad Social en general y de las pensiones en particular.

Los presupuestos generales del Estado de 2021 nos muestran que los ingresos de la Seguridad Social serán de 157.547 millones de euros y los gastos de 172.414 millones de euros, lo que nos arroja un déficit de 14.867 millones de euros. 

El importe de las pensiones contributivas será de 150.288 millones de euros y las no contributivas será de 14.205 millones de euros. En cuanto a los ingresos: las cotizaciones de empresas y trabajadores nos proyectan una cifra de 116.350 millones de euros, el resto hasta el total de ingresos son aportaciones del Estado por 31.118 millones de euros y otras contribuciones diversas.

Esta fotografía nos ofrece una visión general de la situación actual que como sistema para continuar es un auténtico desastre, aunque bien es cierto que se está trabajando en hacer algunas modificaciones. Creo que deberíamos aceptar que esta Seguridad Social tiene poco que ver con la de hace 25 años (por identificarla en algún tiempo); en aquella época el periodo para que se tuviera derecho a percibir una pensión, así como, el número de trabajadores que cotizaban para cada pensionista difiere en mucho a lo actual. Es cierto que recuperar puestos de trabajo ofrecería una indudable seguridad en el sistema de pensiones.

Pero sin duda es necesario transformar al completo el modelo de gestión de la Seguridad Social. Debemos empezar reconociendo que tenemos la enorme suerte de vivir en un país con un alto nivel de desarrollo económico y avanzado socialmente, por tanto, debemos considerar que el sistema de solidaridad tiene que ser una constante en todos los niveles. 

En la actualidad la base máxima de cotización es, en números redondos, de 50.000 euros anuales, a partir de aquí los salarios no cotizan a la Seguridad Social, están topados, y esto significa que se quedan sin cotizar nada aproximadamente unos 60.000 millones de euros, esto significa más de 20.000 millones de euros que se dejan de ingresar.

Desarrollemos un ejercicio de cómo podría entenderse el sistema de pensiones y su financiación. Creo que un país como el que tenemos se puede permitir que todo ciudadano que resida en España tenga una pensión de 500 euros mensuales a partir de los 65 años. 

Esta cantidad se sufragaría a través de impuestos, y a aquellos que cobrasen su pensión por la Seguridad Social se les detraería ese importe por lo que para ellos no tendría incidencia alguna. Este gasto supondría 63.000 millones de euros con la siguiente distribución: pensiones no contributivas 14.000 millones de euros, que ya se pagan con impuestos; 31.000 millones de euros que aporta el Estado a la Seguridad Social. Lo que significa que el coste real de estos 500 euros mensuales, por diferencia de lo que ya se aporta, sería de 15.000 millones de euros.

Pero avancemos un paso más. Los empresarios cotizan 98.000 millones de euros anuales, aproximadamente un 32% de las bases, si se les baja a un 25% su aportación pasaría a ser de 76.500 millones de euros, pero al destopar las bases se producirían unos ingresos adicionales de 17.000 millones de euros, por lo que estaríamos más o menos en los mismos ingresos, con la ventaja de que esos menores costes empresariales podrían tener como consecuencia la mayor cantidad de empleo con el lógico aumento de cotizaciones. Además los gastos para la Seguridad Social se verían disminuidos en unos 40.000 millones, lo que se corresponde con el pago a las pensionistas de 500 euros al mes por parte del Estado.

Esto no deja de ser un ejercicio que, sin duda, tendrá errores de cálculo. Quedémonos con los conceptos y estoy seguro de que trabajando en profundidad con ellos podremos tener la sorpresa de ver cómo mejoran los resultados.

Creo que fórmulas como la que hemos expuesto en puntos anteriores nos permiten afirmar con toda seguridad que las pensiones están garantizadas. Bien es cierto que los problemas no quedan totalmente resueltos en lo relativo al empleo. 

Existen lagunas que deberemos entender por el cambio de los tiempos, la edad de jubilación debería adecuarse a los trabajos y no entenderla como un estándar para todos, seguro que en ciertas profesiones tendrá sentido la jubilación antes de los 65 años y también lo contrario. Además reflexionemos que en breve no tendremos capacidad de responder a la demanda laboral, tenemos una población cada vez más envejecida, solución igual a migración.

En definitiva, es necesario que entendamos que en tiempos diferentes las soluciones deben ser distintas, así que no parcheemos, transformemos y demos nuevos sentidos a los modelos de sociedad.

Artículo publicado en el número de septiembre de Actualidad de las empresas aragonesas

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