¿Son amigas las Administraciones Públicas?
Antonio Morlanes Remiro
PRESIDENTE DE ARAGONEX
aragonex@aragonex.com · www.aragonex.com
Deseo iniciar este artículo con una pregunta por si alguien tiene la contestación y, entonces, sea tan amable de darme la respuesta. El hecho en sí me viene intrigando desde hace ya un tiempo y cuanto más lo pienso más me obsesiona, pues le doy tal importancia que creo que, o bien, debería corregirse en concepto de evolución o cuantificarse como valor económico que, sin duda, es.
¿Cuánto tiempo utilizamos los ciudadanos, las empresas y las instituciones, en dar información, que ya tienen, a las Administraciones Públicas? Me atrevería a decir que muchísimo. Si este proceso lo pudiésemos transformar en valor económico nos quedaríamos absortos de lo que podría significar si lo utilizásemos en otros menesteres: producir, ocio, familia… en resumen, mil cosas.
Pero no queda solo ahí, pues como ejercicio de adición podríamos preguntarnos: ¿cuánto tiempo utilizan los funcionarios de las Administraciones Públicas en comprobar esa información que le entregamos reiterativamente y que ya tienen certificada? Muchísimo, también. Y si lo trasladamos a su cuantía económica, la suma de ambas cuestiones nos dejaría estupefactos.
¿Alguien en la Administración Pública se habrá parado a reflexionar sobre el significado de las palabras eficiencia y eficacia? Estos dos conceptos unidos dan un resultado espectacular, tanto en la mejor consecución de objetivos como en el menor coste para alcanzarlos.
Sin embargo, estas interrogantes que acabo de enunciar no solo no llaman la atención de quienes tienen como ejercicio la gestión pública, sino que además son reiterativos en lo mismo, pero me atrevería a decir que van más allá: presentan como avance y modernidad un incremento de responsabilidad en los ciudadanos, empresas e instituciones, sin considerar que no han comprendido o, mejor dicho, confunden el concepto de evolución con el de involución y, precisamente, es esto último lo que consiguen, pero para ser honestos debo decirles que en esta ocasión no son los políticos los culpables, pues quiénes diseñan y definen la metodología de los procesos administrativos son los empleados públicos y, me atrevo a decir que, en esto aciertan poco.
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La relación con las Administraciones Públicas se ha convertido en un proceso farragoso en el que es difícil no terminar odiando esa necesidad de comunicación por mil causas que son precisas. Hoy se pueden producir avances muy importantes en estos procesos que facilitarían la vida con mejor eficacia y mayor eficiencia a todas las partes y, lo que es mejor, el entendimiento entre ellas sería complementario.
Todos los ciudadanos estamos obligados a tener un DNI a partir de los 14 años que nos permita identificarnos, toda empresa tiene obligación de disponer de un NIF que le dé identidad fiscal con las Administraciones Públicas, pues bien, estos dos documentos los disponemos tanto nosotros como ellos (léase cualquier organismo público) y solo por la numeración debería ser suficiente para su comprobación.
Un instrumento fundamental y facilitador en la comunicación con la administración es el certificado digital, obligatorio para las empresas, necesario para los ciudadanos, pues bien, conseguirlo es tiempo (muchos trámites, no basta con llevar los poderes a la Agencia Tributaria, no, se tiene que acreditar la identificación del firmante a fecha quince días máximo antes de que te otorguen el certificado, por lo que tiene que ser el Registro Mercantil el que lo disponga con una nota simple) y dinero (abonar el trámite del Registro y pagar el importe del certificado en sí).
Por tanto mi reflexión es la siguiente: en esa obligatoriedad entiendo que una empresa cuando se presenta a la Agencia Tributaria y le dan el NIF, deberían darle al mismo tiempo el certificado digital, sin más gestiones ni costes.
No solo esto no es así, sino que además es obligatorio renovarlo cada cuatro años; pero ahí no estriba todo el problema, podríamos decir que esto sería lo de menos, es necesario entrar de forma permanente en la página de la Agencia Tributaria y comprobar si han dejado algún comunicado, si por alguna razón (las PYMES pueden tener miles) no se hace, la destinataria del aviso está en un serio aprieto, así que, ¿por qué no es posible que estos mensajes se hagan a través del propio correo del interesado? Esto daría una mayor fluidez a la relación.
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En definitiva, es necesario y obligado establecer un modelo más dinámico de conexión entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos. Una solución podría ser la existencia de un centro de gestión de datos donde se estableciesen todos los concernientes a las personas y las empresas, soy consciente de que la Ley Orgánica de Protección de Datos podría ser un problema, pues modifiquémosla para esto; todas las administraciones podrían acudir a confirmar la información del administrado y este debería tener la obligación de actualizar sus datos cada vez que existiese un cambio.
Parémonos a pensar por un momento: ¿por qué la relación del ciudadano con los organismos públicos es tan engorrosa y produce un sentimiento de enfrentamiento entre ambos? Debo aclarar que cuando me refiero a esta particularidad, lo estoy haciendo a lo que significa la parte administrativa de interrelación, no a los servicios que se prestan por profesionales como sanitarios, profesores, policías, bomberos, etc., se entiende que por fortuna estos son bastantes correctos.
Por tanto, hagamos un esfuerzo de modernización y así podremos comprobar que lo que intuíamos como la panacea, o sea, la digitalización, por fin, tiene sentido. No en balde estas administraciones son servicios que pagamos todos nosotros, y no tengo entendido que establezcamos estas relaciones para que suframos ciudadanos y empresas, no somos masoquistas, así que aprovechemos la oportunidad que nos da el momento y hagamos este cambio.
Estoy seguro de que todos seremos más felices y entenderemos por qué tiene sentido tener más administraciones que den soporte a los servicios ciudadanos.
