El derecho a la información pública

El pasado mes de septiembre publicamos en esta sección el artículo titulado “Lo siguiente al diseño” (disponible en la web aea.plus), donde se plantearon tres grandes aspectos a tener en cuenta: el mantenimiento, la prevención y el control. Ahora añadimos un concepto muy conocido, como es la viabilidad o la posibilidad de llevar a cabo aquello que se ha proyectado.

En el mundo empresarial este concepto es de un uso muy amplio, pero en el ámbito de las administraciones públicas, parece que tienen algún problema, como veremos más adelante.

Nos referimos a la aplicación de la Ley 19/2.013, de 9 de octubre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aplicable a las administraciones públicas, con los siguientes principios:

–  Información abierta.

– Derecho a preguntar.

– Buen gobierno.

Los ciudadanos, apoyándose en el punto 2, pueden solicitar información a las administraciones públicas para conocer cómo van sus asuntos y esto parece ser una buena cosa, por lo que el Consejo de Transparencia recibió entre enero y junio de este año 1758 reclamaciones o peticiones de información, de las cuales 1.211, corresponden a ministerios y administraciones estatales y 547 a organismos autonómicos o locales.

Se ha incrementado en 2.025, un 40% con respecto a 2.024, con 2.767 solicitudes y en mayo de este año ha aumentado un 80%, con 343 reclamaciones, en relación con el mismo mes del pasado año.

La propia presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, señala que “no se puede dar la callada por respuesta cuando un ciudadano pide información, respetando la garantía del derecho de acceso a la información pública, no puede sostenerse indefinidamente con los medios actuales si se quiere cumplir con lo establecido en el texto de esta Ley”. Por ello reclama una dotación acorde con el volumen real de trabajo. Ahí aparece la viabilidad.

Volviendo a la introducción de este trabajo, hay que señalar que se aprecia una clara falta de previsión de la planificación del incremento de estas reclamaciones, qué por otro lado, es algo fácil de entender, que se incrementaría el crecimiento de las reclamaciones.

Todo lo relativo a la transparencia en los órganos del estado, afecta a los casos de corrupción que todos conocemos, y se reducirían mucho si las administraciones públicas fueran más transparentes y, además, señalar que las leyes están muy bien, pero hay que aplicarlas completamente.

Las empresas saben que cuidar la transparencia redunda en beneficio de la cifra de negocios y por ese motivo, cada vez se preocupan más de hacer llegar a todo su entorno la información que permita tener unas buenas relaciones con todos sus grupos de interés.

Es de esperar que la frase “SILENCIO ADMINISTRATIVO”, desaparezca y sea sustituida por los compromisos que aparecen en la Ley de Transparencia.