Regularización: un fracaso del sistema
Más allá de las fronteras
FEDERICO ABIZANDA
Fundación Seminario de Investigación para la Paz
La anunciada regularización extraordinaria de personas migrantes reabre un debate recurrente en España. Los datos muestran que la irregularidad no nace en la frontera, sino en un sistema rígido incapaz de adaptarse al mercado laboral. Más que soluciones puntuales, el fenómeno exige reformas estructurales duraderas.
A finales del pasado mes de enero, el Gobierno anunciaba la futura aprobación de una regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación administrativa irregular. Esta decisión vuelve a situar en el centro del debate público una cuestión recurrente en la política migratoria española: cómo gestionar la irregularidad y cómo articular un sistema migratorio ordenado, seguro y regular.
No hay nada nuevo. Desde los años noventa, gobiernos tanto del PSOE como del PP han llevado a cabo seis procesos de este tipo.
Conviene detenerse un instante para aclarar cómo se genera la irregularidad.
En la mayoría de los casos, no se entra irregularmente en España, sino que los extranjeros acceden a nuestro país con visado o autorización legal y es la rigidez de los procedimientos o la pérdida del empleo lo que provoca la pérdida de ese estatus administrativo.
Los datos hablan por sí solos: en 2024 entraron en España 1.144.277 personas extranjeras. De ellas, sólo 63.970 lo hicieron por vía irregular marítima o terrestre, lo que significa que el 95% de los inmigrantes accedió a nuestro país de forma completamente regular.
Esto desmonta un tópico, el fenómeno tiene más que ver con la permanencia y con las dificultades para mantener o renovar permisos que con la entrada irregular propiamente dicha.
En contra de la creencia popular, el “retrato robot” de una persona en situación irregular en España no es el de un hombre africano sino el de una mujer latinoamericana que trabaja en el servicio doméstico, en el sector de los cuidados o en la atención a la dependencia
Como muestra un reciente estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorros, la irregularidad es un fenómeno estructural en determinados sectores económicos de nuestro país, especialmente en ámbitos altamente feminizados, con elevada economía sumergida y una fuerte demanda derivada del envejecimiento de la población.
Esta realidad revela un cuello de botella: mientras el mercado laboral necesita mano de obra en determinados sectores, la Administración es incapaz de ofrecer canales suficientemente ágiles y realistas para cubrir esa demanda de manera regular.
Las estimaciones indican que, a 1 de enero de 2025, habría unas 840.000 personas en situación irregular en España, el 17,2% de la población extranjera no comunitaria.
De ellas, unas 760.000 (el 90%) proceden de América Latina, destacando las personas originarias de Colombia (cerca de 290.000), Perú (casi 110.000) y Honduras (90.000). Muy lejos quedan las nacionalidades africanas (50.000, apenas el 6% del total), asiáticas (15.000) y europeas (14.000).
En contra de la creencia popular, el “retrato robot” de una persona en situación irregular en España no es el de un hombre africano sino el de una mujer latinoamericana que trabaja en el servicio doméstico, en el sector de los cuidados o en la atención a la dependencia.
Una regularización extraordinaria genera siempre posturas encontradas.
A favor se invocan argumentos como la protección de derechos, la cohesión social, la reducción de la vulnerabilidad y de la explotación, así como el realismo económico que supone aflorar empleo sumergido y aumentar tanto la recaudación fiscal como las cotizaciones sociales. En un contexto internacional marcado por el auge de discursos xenófobos, la decisión del Gobierno de España también tiene un importante valor político simbólico: reafirma que la gestión migratoria puede abordarse desde el pragmatismo y los derechos y no exclusivamente desde el miedo y la represión.
En la mayoría de los casos, no se entra irregularmente en España, sino que los extranjeros acceden a nuestro país con visado o autorización legal y es la rigidez de los procedimientos o la pérdida del empleo lo que provoca la pérdida de ese estatus administrativo
En contra se señalan el “efecto llamada”, la presión sobre los servicios públicos, la competencia laboral o el aumento de la polarización política.
A la espera de la “letra pequeña”, esta regularización es una medida razonable pero no debería seguir siendo la respuesta a adoptar cada equis años.
Si es el propio sistema el que genera irregularidad de forma periódica, entonces el problema es estructural y requiere respuestas estructurales, no parches coyunturales: hay que crear mecanismos eficaces que permitan a las personas entrar y permanecer regularmente en España sin necesidad de procesos extraordinarios.
A la par, habrá que asumir que la integración efectiva exige mucho más que otorgar un permiso de residencia y trabajo: requiere políticas sostenidas de convivencia e inclusión que fortalezcan la cohesión social.
Regularizar no es un lugar de llegada, sino un punto de partida: el verdadero desafío comienza el día después de haber conseguido los papeles.
