El Gobierno de Aragón aportará 112 millones de euros en la financiación de la ciudad de Zaragoza hasta 2024
Gobierno y Ayuntamiento de Zaragoza celebraron el lunes la reunión del Consejo Bilateral que ofrece estabilidad jurídica para cuatro años
El Presidente de Aragón, satisfecho con desatascar dos operaciones urbanísticas en suelos Torre Ramona y la calle Embarcadero que podrían generar hasta 500 viviendas para jóvenes
El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza acordaron el lunes aprobar el Convenio Económico Bilateral de Financiación que garantizará una financiación para la capital aragonesa de 80 millones hasta 2024 (20 millones anuales) que, sumados a los 8 millones de euros anuales del fondo de capitalidad, supondrá que Zaragoza recibirá en cuatro años un total de 112 millones de euros de las arcas autonómicas.
Este fue uno de los acuerdos del Consejo Bilateral de Capitalidad que se ha reunido en el Ayuntamiento de Zaragoza y que han presidido el Presidente de Aragón, Javier Lambán, y el alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, al que se unió una decisión calificada de “muy importante” por ambos dirigentes, relativa a dos operaciones urbanísticas que afectan a la habilitación de suelos para solucionar el problema de la vivienda asequible para jóvenes. En concreto, los solares de Torre Ramona y calle Embarcadero (Casablanca) podrían acoger hasta 500 viviendas asequibles.
Es una iniciativa que se enmarca, según Lambán, en dar respuesta a un problema “de calado” para todas las comunidades autónomas y que en Aragón calcula que se deberían habilitar 20.000 viviendas para jóvenes en los próximos años si se involucran todos los actores de la Comunidad.
Tanto el presidente Lambán como el alcalde Azcón se mostraron muy satisfechos con el acuerdo alcanzado el lunes para aportar estabilidad a través del diálogo, el trabajo y la voluntad política para encontrar soluciones e incluso han pactado que los acuerdos se adoptarán desde la discreción y el trabajo sereno, “sin luz ni taquígrafos” en esa fase inicial de las negociaciones porque, según afirmó Lambán, hay “una imperativa necesidad de llegar a acuerdos”.
El Presidente de Aragón insistió en la voluntad de su ejecutivo desde 2015 en avanzar en la construcción de un Aragón como proyecto común, que ha implicado el diálogo con todos los actores de la comunidad, como agentes sociales, tercer sector y ayuntamientos.
Precisamente, el Ayuntamiento de Zaragoza es determinante en términos de diálogo y de la necesidad de grandes pactos, ya que la capital aragonesa es “motor económico y cultural” pero en perfecta simbiosis con el resto del territorio.
En este contexto, Lambán avanzó que trata de organizar, junto a Funcas y la Generalitat valenciana, unas jornadas para replantear algunas cuestiones relativas al modelo de Estado vigente en España, que no pasa por exigir más competencias para el Gobierno de Aragón, sino por redefinir asuntos tan prometedores como la desconcentración de la capitalidad de Madrid, y compartir capitalidad con otras ciudades como Zaragoza, que lo es de Aragón y del Valle del Ebro.
El presidente aragonés quiere retomar esta cuestión, que quedó aparcada por la pandemia, y que cuando esté maduro quiere compartir con el alcalde de Zaragoza.
Acuerdos bilaterales
La Ley de Régimen Especial del Municipio de Zaragoza (conocida como Ley de Capitalidad) regula el Convenio Económico Bilateral de Financiación entre ambas administraciones, a través del que se fijan las asignaciones para el desarrollo y gestión de las distintas actividades relativas a las competencias atribuidas al Ayuntamiento de la capital aragonesa por dicha norma.
Una vez suscrito este convenio, el Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a desistir de los procedimientos en marcha contra el Gobierno de Aragón, en concreto, de los tres recursos presentados ante los tribunales.
Por contra, la también conocida como Comisión Bilateral ha acordado levantar la suspensión del procedimiento judicial en relación a los edificios de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar, por lo que serán los tribunales quienes diriman este conflicto entre administraciones.
Otro de los acuerdos de este órgano de cooperación tiene que ver con diversas cuestiones urbanísticas, que el Ayuntamiento de la capital se compromete a cumplir para hacer efectivos los aprovechamientos urbanísticos a favor del Gobierno de Aragón en diferentes suelos de la capital aragonesa.
En concreto, se ha acordado impulsar la aprobación definitiva del Plan Especial de la U-58/1 de la calle Embarcadero, en el barrio de Casablanca. El Ayuntamiento se compromete a concluir el proceso de información pública y la valoración de los suelos antes de diciembre de 2021 y la definitiva en febrero de 2022. Igualmente, entre el 31 de diciembre y la aprobación definitiva, ambas instituciones se comprometen a articular las fórmulas que den salida a los posibles problemas incluido la permuta por otros suelos de igual valor. A tal fin ambas administraciones se comprometen a la búsqueda de posibles suelos.
Por último, se ha dado el visto bueno a impulsar la modificación del plan urbanístico G10 (Torre Ramona) para la catalogación definitiva y la modificación del Plan General, con acuerdo previo entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón. Ambas instituciones se han comprometido a desarrollar el instrumento oportuno para hacer efectivos los aprovechamientos urbanísticos en favor del Gobierno de Aragón. El Ayuntamiento se compromete a aprobar tanto la catalogación como la ordenación iniciales a fecha de 31 de diciembre de esta año y la definitiva, en marzo de 2022.
Dichos acuerdos han sido fruto de numerosas reuniones mantenidas entre los grupos de trabajo fijados en la reunión del Consejo Bilateral que se celebró en marzo en la sede del Gobierno de Aragón.
Por parte del ejecutivo autonómico, estuvieron presentes en la reunión el vicepresidente, Arturo Aliaga; la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez; la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz; el consejero de Vertebración Territorial, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro; el consejero de Hacienda y Administración Pública; Carlos Pérez, y la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto. Por parte del Ayuntamiento, asistieron la vicealcaldesa, Sara Fernández; la consejera de Presidencia, Hacienda y Régimen Interior, María Navarro; el consejero de Urbanismo y Equipamientos, Víctor Serrano; el consejero de Acción Social y Familia, Ángel Lorén; la consejera de Infraestructuras y Medio Ambiente, Patricia Cavero, y la consejera de Economía e Innovación, Carmen Herrarte.
Fuente: Gobierno de Aragón
