«Todo empieza por la legislación: urge armonizar las normas para garantizar la accesibilidad de la vivienda»
El primer encuentro del ciclo ‘50 años hacia la inclusión’ de Fundación Dfa reclama una nueva mirada sobre la vivienda como derecho y no como privilegio.
Representantes de administraciones, técnicos y entidades sociales coinciden en que la accesibilidad debe incorporarse por defecto en la nueva edificación y situarse al mismo nivel que la eficiencia energética o la seguridad
El Espacio Xplora de Ibercaja ha acogido este lunes el primer encuentro del ciclo ‘Dfa, 50 años hacia la inclusión’, con el que Fundación Dfa ha inaugurado la programación especial de su 50.º aniversario que se extenderá durante todo 2026. La primera mesa ha reunido a expertos del ámbito técnico, jurídico y social para analizar uno de los grandes desafíos pendientes: el acceso a una vivienda verdaderamente accesible.
La bienvenida ha estado a cargo de la presidenta de Dfa, Marta Valencia, y Darío Benito Bentué, responsable de Coordinación de Proyectos ASG de la Dirección de Área de Sostenibilidad y Reputación de Ibercaja Banco. Y en esta primera sesión, moderada por la periodista Ana Esteban, se ha contado con las intervenciones de Lucio de la Cruz, director gerente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza; Teresa Navarro, jefa de servicio de Arquitectura y Rehabilitación del Gobierno de Aragón; Eloísa Gimeno, asesora del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón; Susana Sánchez, técnica de autonomía personal de COCEMFE Estatal, y Cristián Bascuñán, abogado de Fundación Dfa.
Una realidad con cifras que hablan por sí solas
Según datos presentados por el Colegio de Aparejadores, Zaragoza cuenta con más de 58.600 viviendas sin ascensor en edificios de tres o más plantas, y la mitad del parque residencial presenta graves carencias de accesibilidad.
También desde el Servicio de Arquitectura y Rehabilitación del Gobierno de Aragón se ha señalado que la legislación solo contemplar como obligatorio que el 4% de la vivienda promovida por la administración pública sea accesible, y no existe ningún porcentaje exigido en la vivienda libre.
Desde las distintas perspectivas se ha coincidido además en que la accesibilidad no puede limitarse a la eliminación de barreras físicas, sino que debe entenderse como una condición para la vida independiente y la inclusión social.
Desde COCEMFE se ha defendido que es necesario cambiar el modelo hacia la desinstitucionalización, situando a la persona en el centro, con viviendas accesibles complementadas por apoyos personales, tecnología y servicios de proximidad. «La accesibilidad debería valorarse igual que la eficiencia energética o la seguridad», ha señalado Susana Sánchez.
Eloísa Gimeno ha recordado que la Ley de Propiedad Horizontal ya contempla la obligatoriedad de instalar ascensor cuando lo solicite un propietario mayor de 70 años o con discapacidad, con mayoría simple y un límite de 12 cuotas mensuales. Sin embargo, considera necesaria todavía una mayor concienciación vecinal y recomienda la máxima claridad a la hora de plantearse las soluciones que se requiere en cada caso, para que no se impugnen las actas y se agilicen los procesos.
Por su parte, Cristián Bascuñán ha insistido en la necesidad de entender la accesibilidad como un derecho universal y no como una concesión. «Hay personas que hoy viven literalmente atrapadas en sus casas. La accesibilidad debería ser una obligación solidaria del derecho de propiedad», ha subrayado.
Hacia un nuevo modelo de vivienda
Teresa Navarro ha apuntado que «hace falta una revolución en el modelo de vivienda», y ha especificado que «los espacios tienen que ser fácilmente adaptables a lo largo de la vida». Todo empieza por la legislación, pero debe aplicarse con visión de futuro, ha señalado.
También desde el ámbito técnico, Lucio de la Cruz ha defendido la incorporación de la accesibilidad «por defecto» en la obra nueva y la rehabilitación, así como una armonización legislativa más clara y sencilla que facilite la aplicación práctica del Código Técnico de la Edificación.
El encuentro ha concluido con una llamada unánime a la colaboración entre administraciones, profesionales, comunidades y ciudadanía, para garantizar que el derecho a la vivienda accesible deje de ser una excepción.
Ha habido también consenso sobre la necesidad de mejorar la sensibilización desde la infancia, así como ampliar las ayudas y promover desgravaciones y exenciones fiscales. Además, la formación técnica y social se consideran claves para acelerar el cambio.
Fuente: Ideas a Mares
