Aragón recibirá 3,5 millones de euros para indemnizar a los jóvenes científicos al acabar sus contratos pre y postdoctorales
Así lo acordaron la semana pasada en Paterna el Consejo de Política Científica. “Garantizamos nuevos derechos a quienes están llamados a ser el futuro de nuestra investigación y docencia”, destaca la consejera de Ciencia, Maru Díaz
Aragón va a recibir del Gobierno central 3,5 millones de euros en los próximos cuatro años para cubrir el pago de los gastos que generen las indemnizaciones por finalización de contrato de los jóvenes investigadores pre y postdoctorales que desarrollan su labor actualmente en centros de investigación públicos de la Comunidad y en la Universidad de Zaragoza.
Así lo ha acordado recientemente en el campus de Paterna (Valencia) el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, el órgano de coordinación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de I+D+i, en el que ha participado el Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón.
Tras la reunión, la consejera Maru Díaz ha celebrado “la garantía de nuevos derechos laborales” que blinda la nueva Ley de Ciencia –en la que por primera vez se recoge el derecho a una indemnización a este colectivo- y ha destacado cómo el Ejecutivo central, “en la línea del trabajo que desarrolla también el Gobierno de Aragón, está luchando contra la precariedad de los más jóvenes investigadores y siendo sensible al mismo tiempo a las demandas de los centros de investigación”.
“El Gobierno de coalición ha creado nuevos derechos para combatir la precariedad de nuestros jóvenes investigadores y está acompañando a los centros en el pago de esos nuevos derechos”, ha subrayado Díaz. En este sentido, ha dicho, la transferencia permitirá a los centros de I+D+i aragoneses, incluida la Universidad de Zaragoza, asumir las indemnizaciones que aprobó la Ley de Ciencia sin tensiones de tesorería y contribuyendo así a su sostenibilidad económica.
Según se ha explicitado en la reunión, en la que se han acordado los criterios de reparto territorial de la medida, esta tendrá un coste total de 60 millones de euros en el conjunto del país en los próximos 4 años relativos a la aplicación de la ley.
Fuente: Gobierno de Aragón
