Aragón se adhiere al manifiesto de las Comunidades Autónomas para facilitar las aprobaciones de los PGOU
El departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda ha apoyado el “Manifiesto por la seguridad jurídica del planeamiento territorial y urbanístico” acordado en el “Encuentro Autonómico Xacobeo 21-22 por un urbanismo responsable” que se celebró en marzo en Santiago de Compostela.
Este manifiesto reclama un cambio en la legislación estatal para evitar la nulidad radical de los Planes Generales de Ordenación Municipal y otros instrumentos de planeamiento cuando incurran en defectos de procedimiento, de escasa repercusión en la ordenación y que sean fácilmente subsanables.
Tal y como ha señalado el director general de Urbanismo, Carmelo Bosque, “a veces se producen nulidades del planeamiento urbanístico debido a deficiencias de forma que son fácilmente corregibles pero la nulidad no permite que se subsanen los errores y esto provoca que todo el proceso debe iniciarse de nuevo” y ha señalado que “se busca mayor agilidad en los procedimientos y coordinación administrativa en su tramitación para que estas figuras urbanísticas dejen de ser un auténtico penar para los ayuntamientos, sobre todo los de menor población, que en muchos casos llegan a desistir”.
Teniendo en cuenta que los procesos de Revisión de los Planes Urbanísticos, incluso de Modificaciones aisladas, son injustificadamente largos, en muchas ocasiones más de ocho años, y costosos en términos económicos para muchos municipios, “volver a empezar como consecuencia de una anulación judicial supone que recupere vigencia el planeamiento anterior, ese sí absolutamente ajeno a las nuevas necesidades sociales y a las más elementales exigencias en materias como el medio ambiente, y que los municipios deban volver a impulsar los procedimientos desde el principio: otros: vuelta a solicitar informes sectoriales (carreteras, hidrológicos, de Patrimonio Cultural, Protección Civil, educación, sanidad, telecomunicaciones, aviación, y un largo etc.) que van a reiterarse porque las deficiencias que justifican la nulidad no les afecta” ha explicado Carmelo Bosque.
Se propone también que las Delegaciones de Gobierno en las Comunidades Autónomas puedan centralizar la solicitud de todos los informes sectoriales preceptivos de competencia estatal y que sean las encargadas de recabarlos y unificarlos para facilitar esta labor.
El manifiesto solicita también que la legislación básica racionalice las restricciones a desarrollos urbanísticos en espacios de la RED Natura (Lugares de importancia Comunitaria , LIC, y Zonas de especial protección de aves, ZEPA) a los que, con carácter general se les debe clasificar como suelos no urbanizables Especialmente Protegidos, pero atendiendo a la excepcionalidad de los pequeños municipios cuyo término está completamente afectado por Red Natura y a los que se les está impidiendo siquiera pequeñas actuaciones vitales para su supervivencia, “tales como mínimas ampliaciones de suelo urbano para posibilitar, por ejemplo, la construcción de una residencia para mayores, un pabellón deportivo o una docena de viviendas para permitir crecimientos racionales de población, municipios convertidos en estatuas de sal, condenados a su desaparición” ha explicado Carmelo Bosque.
El director general de Urbanismo ha señalado que “consideramos que las modificaciones legislativas que se proponen permitirían conciliar todos los derechos y valores constitucionales en esta materia, facilitar a los ayuntamientos la elaboración de los PGOU y otras figuras de planeamiento a la vez que se garantizar el más escrupuloso respeto a todos los aspectos relacionados con las cuestiones medioambientales, o de cualquier otro tipo, que son socialmente exigibles”.
Fuente: Gobierno de Aragón
