Empresas, economía y actualidad

La lucha contra la precariedad, el control de los ERTE y las obligaciones sobre igualdad centrarán la actividad de Inspección de Trabajo

La Comisión Operativa Autonómica, formada por el Gobierno de Aragón y el Estado, ha aprobado los objetivos para el año 2022, fijando 20.487 inspecciones distribuidas en 96 líneas de trabajo diferentes

Se realizará un plan de choque contra la siniestralidad mortal, que analizará las causas de los accidentes de trabajo en Aragón, y se mantienen los controles de cumplimiento de las medidas frente a la Covid-19

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) realizará en Aragón 20.487 inspecciones en el año 2022 -3.400 de ellas en Huesca, 1.675 en Teruel y 15.412 en Zaragoza-, distribuidas en 96 líneas de trabajo o campañas diferentes. Así lo aprobó la semana pasada la Comisión Operativa Autonómica, el órgano de cooperación entre la Comunidad Autónoma y el Estado en esta materia, integrado por representantes de ambas Administraciones, que se encarga de fijar e impulsar los objetivos y programas de la Inspección a desarrollar en nuestro territorio y que está presidido por el departamento de Economía, Planificación y Empleo.

Según lo acordado, este próximo año las inspecciones se orientarán a detectar y actuar sobre los problemas que afectan de forma directa a las personas trabajadoras en un contexto de recuperación, vigilando la aplicación real de las medidas de prevención de riesgos por las empresas, detectando los supuestos de impagos de salarios y las condiciones de trabajo precarias que reducen la protección social a la que tienen derecho.

Igualmente se incorporan las previsiones de la actividad que se desarrollará en la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el trabajo no declarado o economía irregular, mediante la aplicación de técnicas avanzadas de análisis de datos, la detección de entramados jurídicos cuyo objetivo es aplicar condiciones inferiores en el trabajo y la erradicación de cualquier forma de trabajo no reconocido o de precariedad.

Prevención de riesgos

En materia de prevención de riesgos laborales, se prevé desarrollar 4.467 inspecciones en todos los sectores y zonas de Aragón, incluyendo un plan de choque contra la siniestralidad mortal, que analizará las causas de los accidentes de trabajo en nuestra Comunidad y las empresas que tienen mayores tasas de siniestralidad. 

Además, se exigirá a todas las empresas que realicen una correcta investigación de los daños que sufren los trabajadores y se realizará un especial seguimiento de las deficiencias detectadas en las visitas para que la prevención de riesgos sea eficaz.

Para 2022 se mantienen también 200 controles para el cumplimiento de las medidas de salud pública frente al Covid-19 en los centros de trabajo. Se iniciarán las revisiones de las evaluaciones de riesgos para que incluyan los riesgos psicosociales y se mantiene la intensidad en las visitas del sector de la construcción, incrementándose la vigilancia como consecuencia de la incorporación en Aragón de cuatro nuevos Subinspectores de Seguridad y Salud, cuya actuación se centra exclusivamente en la vigilancia sobre el terreno de las condiciones materiales de seguridad.

Relaciones laborales

Otras 4.394 inspecciones a realizar en 2022 estarán enfocadas al control de las relaciones laborales. El 25% de esos controles se realizarán para examinar los contratos temporales, formativos y a tiempo parcial, con la finalidad de detectar el uso indebido de los mismos o para puestos de trabajo estables, directamente o a través de una empresa de trabajo temporal; y 659 inspecciones se centrarán en examinar las condiciones de jornada de trabajo, el registro de la misma día a día y las horas extraordinarias, fijándose también como prioridad la detección y pago de salarios inferiores a los legalmente exigibles.

Se mantiene también el apoyo de la Inspección a la dirección general de Trabajo, Autónomos y Economía Social en la tramitación de los ERTE ordinarios y Covid-19 y se iniciarán las inspecciones para comprobar la aplicación de la Ley sobre trabajo a distancia y la adaptación de los planes de igualdad a las normas sobre igualdad retributiva y la obligación de negociación en las empresas. Por otro lado, la colaboración entre la ITSS y el INAEM permitirá el control de las subvenciones que se conceden para garantizar la estabilidad en el empleo y el cumplimiento por las empresas de la obligación de contratar trabajadores con discapacidad, alcanzando a todas las que en Aragón no cumplen con este mandato legal, cualquiera que sea su tamaño.

Lucha contra el fraude

Para 2022 también se han aprobado un total de 10.830 expedientes relacionados con la lucha contra el fraude en Seguridad Social y el trabajo no declarado total o parcialmente. El 50% de los controles en este ámbito se orientan a la detección del trabajo no declarado, que se priorizarán en los sectores, actividades y horarios en los que se detectan mayores índices de trabajo irregular, por no estar dados de alta, no tener autorización para trabajar, o no reconocerse la jornada realmente ocupada. Se prevé que se puedan alcanzar los 2.000 trabajadores detectados y regularizada su situación laboral.

Además, se han acordado 348 inspecciones para la revisión de las exoneraciones de cuotas y la aplicación de los ERTE y 407 controles para evitar el fraude en las prestaciones de Seguridad Social; e igualmente se continuará con la detección de la cotización indebida de salarios, la correcta aplicación de los convenios colectivos, la existencia de empresas ficticias o empresas “buzón” y la lucha contra el fraude en las ayudas públicas de empleo y formación para el empleo.

Para la consecución de los objetivos indicados, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuenta con el Plan Estratégico nacional aprobado el día 16 de noviembre por el Consejo de Ministros, que pretende modernizar este organismo clave para la defensa de los derechos laborales. El objetivo es conseguir una inspección de trabajo reforzada e innovadora, adaptada a nuestro tiempo y que defienda los derechos de los trabajadores.

Fuente: Gobierno de Aragón

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