La intención del Gobierno de Aragón en relación con la próxima campaña de fruta –cuyo núcleo se centra en los meses de julio y agosto-, pasa por la firmeza en la exigencia del cumplimiento estricto de las obligaciones laborales que, como empleadores, tienen los agricultores con independencia de la dimensión de su actividad.
“Todos ellos, grandes, medianos y pequeños están sometidos al cumplimiento de las mismas leyes y es necesario evitar que vuelvan a repetirse los problemas de la anterior campaña”, coincidieron los tres consejeros en la reunión mantenida ayer en el Departamento de Sanidad.
Para ello, el Ejecutivo autonómico intensificará las inspecciones en las explotaciones agrícolas y trabajará de forma conjunta con el resto de las administraciones para incrementar los controles en las zonas donde se concentran los trabajadores temporales.
Como en el resto de las actividades económicas del ámbito privado, son los empleadores quienes tienen la responsabilidad y la obligación de adoptar los medios y medidas necesarias, no sólo para llevar a cabo la actividad productiva, sino para que dicha actividad cumpla con las exigencias legales en seguridad y salud.
El apoyo público en favor del sector frutícola, lo mismo que para cualquier otro sector productivo, será a partir de la acreditación expresa del cumplimiento fehaciente de las obligaciones laborales, incluyendo la seguridad, salud y el alojamiento de los trabajadores desplazados.
La recogida de la fruta, al igual que el resto de actividades incluso esenciales, deberá adaptarse al contexto sanitario que la situación epidemiológica determine en cada momento y colaborar con las autoridades, sabiendo que el desarrollo de la actividad puede quedar condicionado.
Cabe llamar a la responsabilidad y prudencia más elementales para que, en ningún caso, se efectúen llamamientos públicos que, como ocurrió el año pasado, ni siquiera respondan a necesidades reales de trabajo ni a las posibilidades de alojamiento.
“Es preocupante que ya se hayan empezado a dar cifras irreales de 30.000 empleos, que ni siquiera se necesitarán en plena campaña durante los meses de julio y agosto”, señaló el consejero Olona.