Billetero y billetes, matrimonio para siempre

Salgo a la calle y, no importa adónde me dirija, si llevo dinero en efectivo en el bolsillo siento una seguridad inmediata. Sé que, cuando entre en una cafetería a tomar mi primer café del día, sacaré un billete o unas monedas y nadie pondrá en duda mi pago. En cambio, si realizo esa misma acción con una tarjeta de crédito o débito, debo esperar a que la maquinita confirme que todo es correcto, que mi trozo de plástico ha respondido a mi necesidad. Aunque hoy sea una operación cotidiana, siempre genera una inseguridad que el metálico no provoca.

Nuestra especie lleva muchos años conviviendo con el dinero en efectivo y solo cuando no lo hemos sentido como compañero de vida ha surgido la preocupación. No pretendo negar la operatividad que aportan otros medios de pago: las tarjetas financieras, el wallet, Bizum y otros sistemas ofrecen inmediatez y comodidad. Sin embargo, debo insistir en la seguridad y la facilidad del metálico, a pesar de que cada día se intente más denigrarlo y de que, a partir de ciertas cantidades, se ponga bajo sospecha a quien lo lleva.

Para comprender mejor a este compañero fiel, el dinero en efectivo, conviene atender a los datos de una encuesta realizada en septiembre de este año por la consultora de investigación social y comunicación GAD3:

El 80% de los encuestados afirmó que el dinero en efectivo es un medio de pago necesario; el 74% lo considera importante en su día a día; ese mismo porcentaje lo entiende como el medio que ofrece mayor garantía, mejor privacidad y mayor seguridad frente al fraude y los ciberataques, además de ser accesible a toda la población y ayudar a controlar el gasto. Para el 93%, el efectivo debe seguir garantizado; el 83% se muestra en contra de su desaparición; y el 82% considera que otros medios de pago generan preocupación por la posible filtración de datos personales. Además, ante situaciones de crisis, los ciudadanos consideran que, después del agua potable y los alimentos básicos, lo segundo más importante es disponer de dinero en efectivo. Esto quedó claramente demostrado el lunes 28 de abril del año pasado, con el gran apagón que afectó a toda España: o tenías metálico o no tenías nada.

Creo que aquello que la mayoría sentimos acerca de la eficacia y la necesidad del dinero en efectivo queda, si existía alguna duda, suficientemente claro. Esta reflexión cobra sentido como oposición a quienes desean la desaparición del efectivo. Ese pequeño, pero poderoso, grupo actúa porque el dinero físico perjudica su negocio, que no es otro que el de la banca. Los bancos necesitan que toda la operativa económica pase por sus manos para garantizar sus beneficios. Así se explica el incremento constante de las ganancias por comisiones: a junio de este año, las entidades financieras habían obtenido un beneficio de casi 6.000 millones de euros por este concepto, lo que supone para sus clientes un coste medio de 240 euros anuales, es decir, 20 euros al mes.

En relación con el uso del efectivo, la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, establece que en las operaciones en las que una de las partes sea empresario o profesional el pago en efectivo se limita a 1.000 euros por operación, mientras que entre particulares no existe límite. Sin embargo, el propio nombre de la ley no resulta del todo adecuado ni describe con precisión su finalidad. A mi juicio, debería denominarse “ley de mayor eficacia para el beneficio de la banca”. No se puede negar la existencia de fraude fiscal en determinadas operaciones, especialmente en lo relativo al IVA, pero esta limitación logra escasa eficacia real y, en cambio, beneficia claramente a las entidades financieras, ya que cada vez más operaciones monetarias pasan por ellas y, con ello, aumentan sus beneficios año tras año. A esta situación contribuye también la negativa de muchas Administraciones Públicas a aceptar pagos en efectivo, lo que supone, además, un incumplimiento legal, puesto que la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que, desde 2022, todos los establecimientos públicos o privados están obligados a aceptar el pago en metálico.

Resulta necesario que el Estado revise y modifique la Ley 11/2021. La Unión Europea, a través del Centro Europeo del Consumidor, establece que a partir de 2027 el límite máximo permitido para los pagos en efectivo será de 10.000 euros. Para comprender la importancia real del metálico, basta señalar que cada español lleva de media 45,5 euros en efectivo en el bolsillo, tres euros más que en 2023, según datos de FUNCAS. No es casualidad: el dinero en efectivo sigue siendo el principal medio de pago de los particulares, con un 59%. Como dato anecdótico, cabe señalar que los hombres utilizan más el efectivo que las mujeres.

¿A quién afecta con mayor dureza las limitaciones al uso del efectivo? Sin duda, al medio rural. Cada día desaparecen más oficinas bancarias y la retirada de cajeros automáticos es ya una realidad. La disponibilidad de dinero en metálico se vuelve complicada y obliga a los ciudadanos a depender de tarjetas y de operaciones bancarias en línea. En los pequeños pueblos, donde predominan las personas mayores y donde, en muchos casos, no existe una red de banda ancha adecuada, esta dependencia resulta especialmente problemática. Es urgente, por tanto, ofrecer soluciones reales a esa España vaciada y demasiado olvidada.

Resulta fundamental no limitar el uso de los instrumentos monetarios legales —y el dinero en efectivo lo es— únicamente para el beneficio innecesario de unos pocos, muy especialmente de los bancos. El fraude fiscal y el blanqueo de capitales de mayor envergadura se realizan hoy a través de complejas redes financieras; hace tiempo que quedaron atrás los maletines llenos de billetes. A ello se suma el dinero digital o “en la nube”, que se multiplica varias veces sobre el real y ni siquiera aparece reflejado con claridad en los balances. Termino con una súplica ciudadana: déjennos sentir la seguridad de tocar el dinero y, así, saber con certeza de qué disponemos.