¿Migrar es un crimen?

Desde hace tiempo, la “lucha contra los traficantes y las mafias” ocupa un lugar central en el debate sobre las políticas migratorias. Sin embargo, esta cuestión está profundamente viciada porque parte de una amalgama de dos realidades muy distintas: el tráfico y la trata de personas.

Aunque pueda parecer sorprendente, esta confusión tiene un origen lingüístico ya que en inglés tráfico se traduce como smuggling, mientras que trata corresponde a trafficking.

Según Naciones Unidas, la trata de personas es el “reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de personas mediante amenaza, uso de la fuerza, engaño, abuso de poder o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad”. El tráfico de migrantes, por el contrario, consiste en “facilitar la entrada irregular de una persona en un Estado a cambio de un beneficio económico u otro de carácter material”.

Se trata pues de conceptos radicalmente distintos.

El tráfico no es necesariamente una actividad criminal en el sentido en que suele presentarse, sino una prestación de servicios que el migrante contrata voluntariamente para poder desplazarse cuando no existen vías legales y seguras para hacerlo. Esto no ocurre con la trata, que implica siempre coacción, violencia y vulneración grave de los Derechos Humanos.

La diferencia fundamental es que el tráfico atenta contra las leyes migratorias de los Estados, mientras que la trata atenta directamente contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas.

Nadie pone en cuestión los múltiples abusos que a menudo sufren las personas migrantes a lo largo de su periplo. Sin embargo, y en contra de lo que se suele plantear en la conversación pública, no existen evidencias de que la mayoría de los traficantes forme parte de mafias violentas organizadas a gran escala.

En la mayoría de los casos actúan simplemente como proveedores de servicios logísticos. Son, por lo general, pequeños negocios familiares que suelen “regentar” antiguos migrantes en el que se pactan los precios, la forma de pago, las “ofertas” por si eres interceptado o devuelto al lugar de origen del viaje (el precio puede incluir varias tentativas) e incluso se puede acordar el reembolso a la familia de la cantidad abonada si uno fallece durante la travesía.

En definitiva, a diferencia de la trata, el tráfico de personas es un negocio, quizás repugnante sin duda, pero sólo es un negocio: tú me pagas y yo te ayudo a llegar a tu destino. La violencia y la coacción no son la norma entre otros porque los traficantes no tienen ningún interés en dañar su actividad comercial o su reputación con prácticas abusivas.

De hecho, cuando se pregunta a personas que han migrado de forma irregular quienes fueron los que le robaron, abusaron o violentaron durante su viaje, no suelen señalar a los traficantes sino a personas uniformadas: militares y paramilitares, policías, gendarmes, aduaneros o guardacostas.

Un estudio del Mixed Migration Center publicado en diciembre de 2025 y basado en más de 80.000 entrevistas a personas migrantes y más de 450 entrevistas a traficantes confirma que es el endurecimiento de los controles fronterizos el que incrementa la demanda de traficantes, eleva los precios y empuja a las personas hacia rutas cada vez más peligrosas, reforzando las redes de tráfico en lugar de debilitarlas.

Se pretende romper el modelo de negocio del tráfico de personas y se consigue todo lo contrario.

La insistencia política y mediática en las supuestas mafias sirve para desviar la atención de una realidad incómoda: el tráfico de migrantes no es la causa de la migración irregular sino el resultado de la falta de vías legales para migrar.

En otras palabras, es producto de nuestra propia ceguera.