Entidades Sociales

El IAM amplía las tarjetas de alimentación al conjunto de víctimas de violencias contra las mujeres

El Instituto Aragonés de la Mujer ha expedido ya casi 300 tarjetas, que ahora darán cobertura a nuevos colectivos

La directora del IAM, María Goikoetxea destaca que, además de paliar “situaciones de vulnerabilidad extrema”, el IAM logra así “tener acceso a mujeres que no acceden habitualmente a los servicios públicos”

La buena acogida que ha tenido la iniciativa de tarjetas de alimentación para víctimas de trata o de explotación sexual ha llevado al Instituto Aragonés de la Mujer a ampliarlas al conjunto de víctimas de violencia machista que recoge la ley aragonesa.
 
La directora del IAM, María Goikoetxea, admite que no es la “solución definitiva”, pero cree que sí “resuelve de forma puntual situaciones de vulnerabilidad extrema” en el colectivo de mujeres maltratadas.
 
Las ayudas seguirán consistiendo en tarjetas de 200 euros para gastar en supermercados y recargas de teléfonos móviles. Las beneficiarias podrán acceder a ellas tras un informe de una de las entidades sociales que colaboran con el IAM, sin necesidad de pasar por trámites como tener DNI o una cartilla bancaria.
 
Esta acción ha afrontado diferentes fases. En un primer momento el IAM la impulsó, durante el primer estado de alarma, para víctimas de violencia machista en una situación económica especialmente grave.
 
A finales de año se volvió a lanzar la iniciativa, pero para víctimas de trata con fines de explotación sexual.
 
Así, hasta ahora se han expedido 298 tarjetas de 100 y 200 euros, que han supuesto un gasto para el IAM de 31.800 euros. Los supermercados en los que las víctimas han podido surtirse de alimentos o productos de limpieza han sido los del grupo Eroski en Zaragoza y Huesca y de Alcampo en Teruel.
 
Ahora se va a ampliar el perfil de las beneficiarias, ya que abarcará todas las situaciones de violencia contra las mujeres por el hecho de serlo.
 
De esta forma, además de víctimas de violencia machista incluirá otros conceptos como casos de mutilación genital femenina o matrimonios forzosos. El servicio será licitado próximamente.
 
La directora del IAM asume que no se trata de “la solución definitiva” para estas personas, “pero sí es una forma de reparar de forma puntual una situación de vulnerabilidad extrema mientras trabajamos en instrumentos más amplios para paliarlo”.
 
A su vez, como recuerda María Goikoetxea, gracias a estas ayudas el IAM “puede tener acceso y conocer la situación de mujeres en situación de vulnerabilidad que no acceden habitualmente a los servicios públicos y a nuestros canales de comunicación”.

 

Las asociaciones colaboradoras

La lista de asociaciones colaboradoras del Instituto Aragonés de la Mujer que elaboran los informes son, en el caso de las tarjetas de trata, explotación sexual y prostitución en situación de vulnerabilidad:
  • Médicos del Mundo
  • Fogaral (Cáritas)
  • Aplec
  • Centro Alba
  • Vision Trans
  • Somos Trans
  • Apip-Acam
Y en el caso de las tarjetas de violencia de género y otras violencias, las indicadas arriba más:
  • Amasol
  • Tramalena
  • Somos
  • Trabajadoras del Hogar
  • Casa de la Mujer
  • Las propias sedes del IAM (Huesca, Zaragoza y Teruel)
Estas son las entidades que han solicitado tarjetas, pero está abierta a cualquier entidad sin ánimo de lucro que acredite que una mujer a la que están atendiendo es víctima de violencia y está en situación de vulnerabilidad.
 
Esta actuación, sufragada con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se incardina en el Plan Integral lanzado en marzo por el IAM para reforzar la atención a mujeres víctimas de violencias machistas como consecuencia de los efectos sociales y económicos que la pandemia está teniendo en la población aragonesa, y específicamente en las mujeres víctimas de violencias machistas.
 
Se trata de una línea pensada sobre todo para aquellas mujeres que se encuentran en situación administrativa irregular o en proceso de regularización de su documentación, y que por esta razón tienen mayor dificultad en el acceso a los recursos ordinarios. 

Fuente: Gobierno de Aragón

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